Próspera, una ciudad libertaria creada en la isla de Roatán, Honduras, por un grupo de multimillonarios de Silicon Valley, prometía ser un paraíso de baja regulación y libre mercado. Sin embargo, este experimento económico se ha convertido en un desastre legal y político.
El proyecto fue aprobado bajo la presidencia de Juan Orlando Hernández, ahora condenado a 45 años de prisión en EE.UU. por narcotráfico y lavado de dinero. Diseñada para fomentar el desarrollo económico y reducir la migración ilegal, Próspera ha resultado ser un enclave exclusivo para ricos, más que una solución para la economía hondureña.
El premio Nobel Paul Romer, quien inicialmente apoyó el concepto de las ZEDE (Zonas de Empleo y Desarrollo Económico), ahora lo critica fuertemente, calificándolo de un «gueto» libertario donde las corporaciones buscan evitar la intervención gubernamental. La Corte Suprema de Honduras ha declarado inconstitucional el proyecto, mientras que el gobierno de Xiomara Castro busca revocar la legislación que permite estas zonas.
Pero las corporaciones no se rinden fácilmente. Próspera y sus inversionistas han demandado al gobierno hondureño por 11 mil millones de dólares, argumentando que sus derechos han sido violados. Dado que las ZEDE tienen cláusulas de permanencia de 50 años, revertirlas legalmente es un desafío.
A pesar del fracaso en Honduras, los promotores de Próspera buscan replicar la idea en África subsahariana. Lo que muchos consideran un nuevo modelo de colonialismo disfrazado de innovación económica sigue avanzando, a pesar de la oposición local y los cuestionamientos éticos.
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