El uso de drones en el conflicto colombiano ha aumentado alarmantemente, poniendo en riesgo a la población civil. Grupos armados, como disidencias de las FARC y el ELN, han incorporado drones comerciales modificados con explosivos, generando una nueva amenaza en regiones como Norte de Santander, Arauca y Nariño.
Estos drones, capaces de transportar pequeñas cargas explosivas, han sido utilizados en enfrentamientos entre grupos rivales y ataques contra infraestructura. El 60% de las víctimas de estos ataques han sido civiles, según informes recientes. La situación recuerda tragedias pasadas, como el ataque con cilindros bomba de 2002, que dejó 80 muertos en una iglesia.
Ante esta amenaza, el ejército colombiano ha implementado tecnologías antidrones, como el sistema Crow, utilizado en eventos de alto perfil. Sin embargo, la población sigue siendo vulnerable, y líderes comunitarios temen que los dispositivos de interferencia puedan hacer que los drones desactivados caigan y exploten en zonas civiles.
El gobierno colombiano ha intensificado sus esfuerzos para regular el uso de drones y fortalecer la seguridad, mientras la comunidad internacional sigue de cerca la evolución de esta nueva forma de guerra. La necesidad de soluciones urgentes para proteger a los civiles y evitar más víctimas es cada vez más evidente.
